El pasado mes de mayo el gobierno Zapatero presentó un Decreto Ley que incluía un conjunto de medidas encaminadas a la reducción del déficit público en más de 12.000 millones de euros: 6.000 millones en obra pública estatal, 4.500 millones en el sueldo de los funcionarios y 1.500 millones en pensiones, junto con recortes menores en otras áreas como la ayuda al desarrollo, la ayuda a la dependencia y el gasto farmacéutico.
Esta política de reducción del déficit, que la UE se vio obligada a imponer a España debido a las políticas económicas cortoplacistas de los sucesivos gobiernos del PP y PSOE que acabaron convirtiendo a España en un riesgo para el euro, supuso un cambio radical en la política económica del gobierno. De hecho, tras meses de inacción ante la crisis económica, la estrategia del PSOE fue el lanzamiento a bombo y platillo del famoso y esperpéntico Plan E que permitió a los ayuntamientos de toda España financiar obras "tan decisivas" para su desarrollo como el cambio de aceras, calzadas y farolas. Por decirlo de forma gráfica, lo que España se gastó en arreglar sus calles en 2009 lo tendrá que ahorrar paralizando la construcción de autovías y otras obras de envergadura en este año y en los siguientes, con las graves consecuencias que, sin duda, esto va a tener para la economía nacional. Y es que, como han denunciado las pequeñas y grandes empresas del sector, este draconiano recorte va a suponer un importante retraso en numerosas obras públicas, dejando literalmente empantanadas algunas de ellas, y la pérdida de miles de puestos de trabajo.
Mientras tanto, en el informe Doing Business 2010 del Banco Mundial, que compara 183 países estableciendo una clasificación de los países donde menos dificultades existen para hacer funcionar una empresa – no olvidemos que son las empresas quienes generan empleo y crecimiento económico - España cae del puesto 51 al 62. Comparando con los 27 paises de la OCDE, España, en el puesto 24, es casi el país donde más dificultades existe para hacer funcionar una empresa. ¡He aquí una de las principales causas de los altos niveles de paro de España! No sólo los que montan una pequeña empresa tienen dificultades para crear puestos de trabajo y sobrevivir como empresa, sino que las enormes dificultades y la falta de protección social para autónomos y pequeños empresarios ahuyenta a posibles emprendedores, suponiendo para el país la pérdida de millones de oportunidades para crear nuevos puestos de trabajo.
Por otra parte, como han denunciado las asociaciones de inspectores y técnicos de Hacienda, en 2009 la economía sumergida ascendió en España a 245.000 millones de euros, el 23,3% del PIB, diez puntos por encima de la media de los países de nuestro entorno. Estas asociaciones han calculado que reduciendo la tasa de economía sumergida en diez puntos, se obtendría una recaudación adicional de 38.500 millones de euros anuales, cantidad suficiente para equilibrar las cuentas públicas sin necesidad de llevar a cabo el recorte de gasto e inversión anunciado por el gobierno, ni la subida de impuestos casualmente insinuada en agosto por el ministro Blanco. De esta forma, si todos pagamos lo justo, no tiene porque subir la presión fiscal individual para reducir el déficit, e incluso podremos reducir la fiscalidad a ciertos sectores, como los emprendedores.
Seguramente la mayoría de los ciudadanos se preguntan si todos los recortes, acompañados por la subida del IVA y tal vez pronto de otros impuestos, son imprescindibles y, lo más importante, si se podían haber evitado. Ante la especial virulencia de nuestra crisis económica, cada vez resulta más evidente que España ha vivido por encima de sus posibilidades en los últimos años.
Para CDL, la respuesta es que ante estas absurdas políticas existe una clara alternativa, que consiste en:
- reparar y potenciar el tejido empresarial del país, reduciendo el papeleo para ayudar a los pequeños empresarios a crear y mantener empresas, y de esta manera crear puestos de trabajo;
- luchar contra el fraude fiscal, proporcionando más medios a nuestros inspectores, y llevando a cabo una reforma en profundidad del sistema fiscal, que garantice que nadie escape a sus obligaciones tributarias;
- invertir la tendencia del Gobierno socialista de reducir las inversiones en I+D+i, reconociendo que una buena inversión en este sector es invertir en el futuro del país y sentar las bases para un cambio de modelo económico tan necesario;
- poner en marcha una política de reducción del despilfarro público, reduciendo los gastos corrientes y la burocracia en las Administraciones Públicas, controlando el gasto público y eliminando la duplicidad de administraciones con las mismas funciones, comenzando por la supresión de las diputaciones provinciales.
Con esta receta España tendría un modelo económico productivo, que crearía millones de puestos de trabajo, y aportaría mayor protección al país ante crisis económicas de alcance global como la que estamos viviendo.
CDL Comunicación
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